Ana María Vidal Carrasco
Si la política pública hubiese ordenado amputar una mano a todas las personas, de inmediato los médicos y todo el personal de salud hubiesen denunciado esa orden infame. Pero cuando la política pública ordenó amputar el aparato reproductivo de las mujeres, sin considerar en modo alguno la decisión de ellas mismas nadie, o casi nadie, lo denunció. A la gran mayoría le pareció bien, “les estaban haciendo un favor” dijeron varios, porque la política era dirigida a las mujeres más pobres, y para el imaginario peruano, ellas/nosotras no tienen/tenemos capacidad de decisión. Desde los años 90 cuando se dio esta política hasta ahora el aparato reproductivo de las mujeres no es parte de nuestro cuerpo, ya que es considerado aún un bien común de toda la sociedad.
Han pasado 25 años desde que se inició esta política fujimorista. A la fecha las mujeres víctimas aún no han recibido ni justicia ni reparación. La Fiscalía dilató tanto su investigación que el proceso judicial recién está por empezar. Y cada vez que exigían reparación, el gobierno de turno se lavaba las manos diciendo que el caso ya estaba judicializado. El peloteo infinito.
Cuando se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación su mandato estuvo bien claro: investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. Pero el Informe Final no incluyó a las esterilizaciones forzadas, el crimen masivo y generalizado ordenado por el presidente/dictador Alberto Fujimori no fue considerado como una violación de derechos humanos. Debido a esto no aparecieron en el Informe Final ni las incorporaron en el Plan Integral de Reparaciones dedicado a las víctimas del conflicto armado. Las víctimas/sobrevivientes han tenido que exigir años en foros internacionales para que el Estado les haga caso y acepte su responsabilidad de violar derechos humanos mediante esta política pública.
En el 2011, Ollanta Humala las usó de trampolín electoral para ganarle a Keiko Fujimori. Recién en el 2015, dio un pequeño paso, pero insuficiente: creó el Registro de Víctimas de Esterilización Forzadas (REVIESFO). En el 2016, la opinión pública nuevamente volteó a mirarlas, ellas eran el escudo para no dejar que ganara Keiko. Nuevamente los grupos políticos usaron sus demandas.
En el 2018 en el Plan Nacional de Derechos Humanos se dijo que ese mismo año se crearía una mesa de trabajo para RESOLVER esta problemática (de verdad: usaron esta palabra). Esta mesa, según el plan, tendría participación de las víctimas y de sociedad civil.
Hace unos días, el 16 de agosto a menos de un año de terminar el gobierno actual, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha creado sin avisarles siquiera (hasta ahora no entienden que las políticas públicas de derechos humanos se hacen con participación de las víctimas) un grupo de trabajo. Según la resolución es para articular el trabajo de las instituciones que tiene a su cargo el REVIESFO, no menciona nada de RESOLVER su problemática ni incorpora a las víctimas en este grupo, solo se limita a decir que podrá invitarlas y agrega como requisito adicional elaborar un diagnóstico más, cuando ya hay diagnósticos y estudios de la Defensoría de Pueblo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer, del Congreso de la República, y lo más importante: más de 7 mil testimonios de ellas en el REVIESFO. Pero esto no cuenta para el Ministerio que tiene la rectoría en materia de derechos humanos, que mantiene la posición de un Estado al que la palabra de las víctimas nunca le ha importado, ni le importa.
Lo más preocupante es que el plazo de vigencia culminará el 31 de julio de 2021, dejando abierta la posibilidad a que el diagnóstico sea entregado ya en el otro gobierno. Y lo que ya resulta anecdótico es que dice que esta comisión estará conformada por representantes ad honorem ¿en serio si ese artículo no se hubiese puesto los representantes del estado hubieran cobrado por participar en este grupo de trabajo?
Las mujeres víctimas de esterilización forzada se están muriendo sin recibir muchas veces atención alguna por parte del gobierno, muchas no han recibido bono o subsidio alguno en esta pandemia, a pesar de que son miles las inscritas en el REVIESFO. La indolencia del Estado, el olvido para con ellas se refleja en la burocratización eterna. Mientras que para con las víctimas del conflicto armado interno el Ministerio de Justicia y Derechos humanos actuó, con las víctimas de esterilización forzada actúa como si no hubiera pandemia alguna, como si fueran a vivir 50 años más, como si no hubiesen sufrido un gravísimo crimen de lesa humanidad sobre sus cuerpos. Frente a las mujeres más vulnerables el Estado sigue actuando con la misma indiferencia de siempre, al parecer más preocupado por ver cómo prosigue su camino de acceso a la OCDE, que por atender a las víctimas de sus propios crímenes.
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