Por Elena Miranda
Los casos de esterilizaciones forzadas de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori seguirán bajo investigación en el sistema de justicia, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara este martes 27 el recurso legal para archivar la investigación presentado por el exministro de Salud, Marino Costa Bauer. La audiencia judicial para la presentación de cargos contra los acusados está programada para el 11 de enero de 2021 y el expediente incluye a más de 1,300 demandantes. Además, está pendiente que instancia de la ONU se pronuncie sobre la demanda contra el Estado peruano por cinco de las víctimas, que fue presentada en setiembre último.
En una sesión reservada, la mayoría de magistrados del TC declaró infundado el recurso interpuesto por el exministro de Salud del gobierno fujimorista, Marino Costa Bauer, para que se archive la investigación fiscal alegando que se habían violado sus derechos fundamentales y que el plazo para las indagaciones había vencido.
La presidenta del TC, Marianella Ledesma y los magistrados Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron contra el pedido del exministro Costa, mientras que Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón votaron a favor.
Con el fallo del TC, el proceso continuará en el Poder Judicial el 11 de enero de 2021, con la audiencia para la presentación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori; los exministros de Salud, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga Recuenco; el exdirector general de la Región Salud IV de Cajamarca, Segundo Henry Aliaga Pinedo; el fallecido exdirector de la oficina de Salud de las Personas de la región de Cajamarca, Enrique Octavio Marroquín Osorio; la doctora Magda Isabel González Carrillo y el exasesor del sector Salud, Ulises Jorge Aguilar.
A los demandados se les acusa de ser presuntos autores del delito contra los derechos humanos y otros en agravio de la fallecida María Mamérita Mestanza Chávez y otros, según la citación dispuesta por el Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio Especializado en Crimen Organizado.
El expediente judicial contempla 1,321 casos de mujeres que fueron esterilizadas contra su voluntad, cinco de ellas tuvieron lesiones graves seguidas de muerte y el resto fue víctima de lesiones graves. Sin embargo, los casos de esterilizaciones forzadas superan esta cifra, según los reportes de la Defensoría del Pueblo y del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO).
Audiencia judicial en 2021
La audiencia de presentación de cargos fue fijada, inicialmente, para el de diciembre de 2019 pero, a solicitud del Ministerio Público, fue reprogramada para el 20 de marzo. en dicha fecha no pudo concretarse la diligencia porque el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19 y dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial.
El 19 de octubre último, el juzgado reprogramó la audiencia para el 11 de enero del próximo año y dispuso que se realice mediante videoconferencia con la sede de la Diroes, en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Alberto Fujimori cumple 25 años de cárcel por su autoría intelectual en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
Citación para audiencia de presentación de cargos contra los acusados fue reprogramada para el 11 de enero de 2021.
María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), dijo a Convoca.pe que Marino Costa Bauer podría ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para insistir en que se impida la actuación del Poder Judicial.
Pese a esta victoria en el TC, Mogollón expresó su preocupación porque no está garantizada la participación de todas las mujeres afectadas en la audiencia programada por el Poder Judicial en el 2021, debido a la lejanía de sus viviendas en el interior del país y a la carencia de abogados y recursos tecnológicos para comunicarse. «Si la sesión es virtual, las señoras ni siquiera tienen WhatsApp, no tienen abogados privados, dependen de la defensa pública. Aún no les ha llegado la convocatoria a todas porque varias viven en zonas lejanas», explicó.
Los abogados de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, fallecidas como consecuencia de la esterilización forzada, exigieron al Poder Judicial que se investigue con celeridad, garantías judiciales y que las 1,316 denunciantes sean notificadas y cuenten con defensa pública.
Cedano solicitó al juez encargado del caso, Rafael Martín Martínez, que inicie con prontitud y transparencia las investigaciones “sin revictimizar a las mujeres que han luchado tanto por justicia”.
Esperan respuesta de ministra de Justicia
Las mujeres de AMPAEF y del Grupo de Seguimiento a la Reparaciones en Esterilización Forzadas (GREF) están a la espera de una respuesta de la ministra de Justicia, Ana Neyra, a la carta que le enviaron solicitándole información sobre las medidas adoptadas por su ministerio para proteger el derecho a la reparación de las víctimas afectadas por graves violaciones de derechos humanos.
El GREF le recordó a la ministra Neyra que, el 16 de agosto, el Ministerio de Justicia publicó una resolución que crea un grupo de trabajo multisectorial que eliminó la participación de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil y que establece como plazo de trabajo hasta el 31 de julio de 2021.
La mayoría de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas vive en provincias y no tiene un abogado que las represente. Foto: Difusión
Respuesta pendiente en la ONU
En setiembre pasado, cinco casos de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en Huánuco y Huancavelica fueron llevados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Estado peruano tendrá que responder a esta denuncia.
En la demanda, las denunciantes solicitan que se declare la responsabilidad del Estado peruano por la falta de reparación integral del daño ocasionado por las esterilizaciones forzadas a las víctimas y por la falta de una investigación diligente de los hechos. Además, piden al estado que otorgue una compensación económica a las víctimas y que realice una investigación para identificar y sancionar a los responsables.
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