El primer día de octubre de 2018, por primera vez -y luego de haberlo solicitado en varias oportunidades- un grupo de víctimas del caso peruano de esterilizaciones forzadas participaron en la Audiencia Temática “Igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y denuncias de esterilización forzada de mujeres en Perú” que celebró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 169 período de sesiones.

Igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y denuncias de esterilización forzada de mujeres en Perú

Las organizaciones solicitantes argumentaron que las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas realizadas en el marco de las políticas de salud pública impulsadas durante gobierno de Alberto Fujimori no han obtenido acceso a la justicia ni reparación y han sido re-victimizadas en el proceso de búsqueda de justicia. Al momento de la realización de la audiencia, los solicitantes señalaron que la Fiscalía de Perú no había aún formalizado la denuncia contra Alberto Fujimori y sus ex ministros. Asimismo, manifestaron que las políticas de atención de víctimas de esterilización forzadas vigentes en Perú han sido ineficaces e inadecuadas para garantizar los derechos de las mujeres víctimas. Por su parte, los representantes del Estado reiteraron su compromiso en dar una justa reparación a las víctimas. En ese sentido, informaron de la implementación de una mesa especial para abordar el tema, al mismo tiempo que afirmaron que el proceso de formalización de denuncia contra Alberto Fujimori y los ex-ministros de Salud de su Gobierno estaba en curso, en el momento de realización de la audiencia. Igualmente los representantes del Estado sostuvieron que se estaba modificando la implementación sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar, incluyendo aspectos relativos a interculturalidad y consentimiento previo, libre e informado. La CIDH subrayó que algunas víctimas llevan más de 15 años esperando justicia ante hechos de esterilizaciones forzadas. Expresó aún que lo ocurrido en Perú fue una práctica misógina y claramente discriminatoria dirigida hacia mujeres en situación de vulnerabilidad.